VICENTIN: JUEZ DEL CONCURSO ASCENDIÓ A VEEDOR A “INTERVENTOR”

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El juez Lorenzini dispuso una intervención judicial pero sin remover a las autoridades puestas por las familias accionistas. Es por 90 días hábiles “prorrogables”. Busca quitarle tensión al escándalo.

El juez del concurso en la convocatoria de acreedores de Vicentin SAIC, Fabian Lorenzini, dispuso este jueves la intervención de la firma cerealera, al responsabilizar a la Dirección de la firma de “la omisión, recurrente y sistemática, de brindar informaciones que fueron requeridas  por este Juzgado”. Sin embargo, no resuelve la separación del actual Directorio, sino que los mantiene disponiendo que los interventores actuarán “en carácter de co-administradores” de la firma. Nombra, para ello, como interventor a uno de sus actuales veedores, Andrés Shocrón, que accedió a ese rol en julio del año actual con el respalo de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), en representación de una parte de los acreedores. La silla de subinterventor quedará reservada para quien designe el Poder Ejecutivo santafesino, quedando provisoriamente en manos de María Victoria Stratta, directora general de la Inspección de Personas Jurídicas de la provincia.

El espíritu de colaboración con las actuales autoridades de la empresa es lo que marca la distancia en el carácter de esta intervención y la que dispuso, en su momento, el gobierno nacional o la que propuso, posteriormente, el gobierno de Omar Perotti, en ambos casos incluyendo el desplazamiento de la dirección empresaria en ejercicio. El magistrado volvió a rechazar, en su fallo de este jueves, tales pretensiones y alentó una intervención que cumpliría más un rol de vigilancia y acompañamiento al concurso. Para otros observadores cercanos, el juez Lorenzini intentá además “autopreservarse”, dadas sus aspiraciones a ser nombrado camarista, y la necesidad de evitar un proceso que, como venía y dado los acontecimientos más recientes, parecía condenar a la cerealera a su definitivo vaciamiento.

En sus fundamentos, el juez Lorenzini no hace referencias las muchas irregularidades que fueron emergiendo a lo largo de los diez meses desde que se abrió el concurso, salvo la mención de “las inconsistencias” de la demora en la presentación del balance a octubre de 2019, y el “ocultamiento de las razones que motivaron la ruptura contractual con KPMG”, anterior auditora externa de los registros contables de la empresa.

Tampoco alude a las múltiples denuncias y evidencias de actos de vaciamiento o de defraudación a acreedores, a la banca pública y al fisco. Aunque sí señala la relación irregular con firmas vinculadas, con contratos que podrían resultar ruinosos para Vicentin (con Renova) o los créditos con otras firmas jamás reclamados (Algodonera Avellaneda). En otro párrafo, alude a la relación entre un grupo de accionistas y la firma estadounidense Maxim Group, que muchos sospechan que fue una contratación para buscar un inversor del exterior que se quedara con la empresa. El juez simplemente señala que no se pudo dejar en claro el objetivo del acuerdo.

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