TRIBUNAL SUPREMO DE CABA: VACANTES SOLO PARA QUIENES NO PUEDAN PAGAR UN PRIVADO

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Tres de los cuatros magistrados que con su fallo liberaron al gobierno porteño de la obligación de garantizar el acceso a la educación pública fueron designados a propuesta de Horacio Rodríguez Larreta o Mauricio Macri. Se trata de Inés Weinberg de Roca, Santiago Otamendi y Marcela de Langhe. El cuarto firmante es Luis Lozano, quien cultiva el perfil bajo y  manejó por largo tiempo los hilos del Tribunal Superior de Justicia.

El Gobierno de la Ciudad no cesa en su decisión de recortar la educación pública. Luego de que en la Legislatura porteña se aprobó el presupuesto 2021 enviado por Horacio Rodríguez Larreta, que establece un ajuste del seis por ciento contra la educación, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) falló contra las familias que reclaman una vacante para sus hijos en las escuelas públicas, al declarar inconstitucional que se exija a las autoridades porteñas la obligatoriedad de las vacantes en la escuela públicas. Además, el máximo tribunal porteño determinó que solo deberían hacer el reclamo por la vía judicial aquellos familiares que no puedan abonar la matrícula en la educación privada.

La causa se había iniciado en 2018, cuando una madre quiso anotar a su hijo de dos años en un establecimiento educativo público de la Ciudad y, en caso de no conseguir vacante, que fuera subsidiada en un jardín privado. Al momento de la inscripción online, el Gobierno de la Ciudad no le brindó ninguna de las dos opciones, por lo que el niño quedó en “lista de espera”.

En este sentido, la madre denunció que las autoridades no garantizaron el derecho a la educación de su hijo, amparándose en el artículo 24 de la Constitución porteño, que establece que “la Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior”. La Ciudad contestó la demanda, al indicar que los procesos de inscripción no caducan y que el “reacomodamiento” de las vacantes “sigue vigente”.

El conflicto se extendió, con fallos de un juez de primera instancia y de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario -que le dio la espalda a la postura del CGBA-, hasta el fallo del Tribunal Supremo de Justicia, máximo tribunal de la Justicia porteña. Allí en un voto casi unánime (cuatro votos a favor, y solo Alicia Ruiz en contra) el órgano judicial desestimó la denuncia de la familia sin vacante.

De este modo, el TSJ dispone que solo puedan exigir la obligatoriedad de las vacantes al gobierno de la Ciudad quienes no puedan afrontar una cuota de un establecimiento privado. En la resolución, además, los jueces agregaron que las demandas por vacantes no deben ser individualizadas, sino que deberían estar agrupadas en una demanda colectiva en una ONG (la elegida fue Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia).

“Echando mano al poder judicial, Horacio Rodríguez Larreta está convirtiendo a la Ciudad de Buenos Aires en el “reino del revés”, con jueces que ignoran leyes y emiten sentencias contrarias a la Constitución porteña, y un Ministerio Público Fiscal que denuncia y amedrenta enviando patrulleros a las casa de las y los docentes que defienden el Estatuto que protege sus derechos”, expusieron, en un comunicado, la Unión de los Trabajadores de la Educación (UTE).

De los cinco jueces que integran el Tribunal Superior de Justicia porteño (TSJ), tres fueron propuestos o por Mauricio Macri o por Horacio Rodríguez Larreta. Uno llegó directo del gabinete de Germán Garavano, es decir, antes de integrar el TSJ era secretario de Justicia de Macri. Otra fue cuestionada por cobrar un sueldo del gobierno porteño mientras era jueza (como profesora de la Policía de la Ciudad). Una tercera fue la candidata de Macri a la procuración nacional. Y el cuarto es el miembro que hace años funciona como una suerte de Ricardo Lorenzetti a nivel local. Las historias de los cuatro jueces y juezas que firmaron el fallo que desconoce el derecho fijado en la Constitución porteña a la educación pública desde los 45 días permiten entender, aunque sea en parte, por qué construyeron un fallo que habilita a Horacio Rodríguez Larreta a desentenderse de los amparos por la falta de vacantes.

El Tribunal Superior de Justicia tuvo ya varias conformaciones desde su creación junto con la autonomía de la Ciudad. Ya tuvo hitos como cuando falló a favor de Macri en un conflicto por el intento del entonces jefe de gobierno por imponer una candidata que le fallaba siempre a favor: Daniela Bruna Ugolini. Caída esa posibilidad, Macri mantuvo durante años una vacante en el TSJ hasta que finalmente logró ubicar allí en 2013 a Inés Weinberg de Roca, a quien -según la anécdota ya repetida- conoció porque ambos iban a mismo gimnasio de Palermo chico y le pareció “simpática”. Luego intentó promoverla a procuradora nacional, tras lograr que renunciara Alejandra Gils Carbó, pero nunca obtuvo los votos en el Senado.

Por supuesto que Weinberg de Roca era más que la compañera de gimnasio de Macri: lo haya sabido o no el entonces jefe de gobierno porteño, la actual jueza del TSJ habla cuatro idiomas y entre 2003 y 2008 formó parte del Tribunal Criminal Internacional en Ruanda y en la ex Yugoslavia. Trabajó en Tanzania y reconoció el genocidio que ocurrió allí. A la magistrada se la puede ver en el documental Los cien días que no conmovieron al mundo, que refleja ese proceso. Otro dato que se suele mencionar es que está casada con Eduardo Roca, ex embajador argentino ante la OEA en 1966, ante Estados Unidos en 1968 y ante la ONU en 1982. Es decir que fue funcionario de más de una dictadura. Es socio vitalicio del Jockey Club, del Club de Armas y del Tenis Club, además de haber sido presidente del Rottary Club. “A las mujeres nos sacan a relucir la edad, el marido, todo… a los hombres, no”, se defendió en su momento Weinberg de Roca, que hoy es la presidenta del TSJ.

Otros dos de los jueces del TSJ fueron propuestos por Larreta: Marcela de Langhe y Santiago Otamendi. Este último era juez en la Ciudad, pero se tomó licencia para ser el secretario de Justicia de Germán Garavano durante casi la totalidad de los años de Macri como presidente. De ese cargo político pasó directo a ser juez del TSJ. Más allá de sus pergaminos, no deja de ser un caso bastante particular la llegada sin escalas del gabinete de Macri a la cabeza de un Poder Judicial.

La jueza Marcela de Langhe cuando fue propuesta por Larreta era la presidenta del Instituto de Seguridad Pública, donde se entrena la Policía de la Ciudad. También era camarista en lo penal, contravencional y de faltas. Llegó con el apoyo de la UCR porteña y también del sempiterno Daniel “El Tano” Angelici. Antes de asumir el cargo, no obstante, sufrió un cuestionamiento por el doble cargo que ocupaba en el Poder Judicial y en el Ejecutivo. Ella argumentó que era legal ser profesora en el Instituto de Seguridad Pública, porque lo hacía ad honorem. No obstante, se conocieron documentos que sugerían que cobraba un doble sueldo: concretamente, indicaban que como rectora del Instituto percibía un sueldo básico de 123.117,40 pesos, más suplementos por “responsabilidad profesional” (61.558.70) y por “anticipo de servicios” (19.698,78) y un adicional fijo de 5918,19 pesos, lo que hace un total de 210.293,07 pesos. Como camarista, cobraba otros 106 mil pesos.

Hubo una polémica similar cuando fue designada Weinberg de Roca: el entonces legislador Rafael Gentili presentó evidencia de que había cobrado como integrante del tribunal en Ruanda y no lo había declarado. No obstante, tanto Weinberg como Langhe llegaron sin problemas al TSJ. En el caso de Weinberg, no esperaron la respuesta de la ONU y archivaron la denuncia de Gentili. Un dato curioso: después de que se la designara llegó la respuesta del tribunal internacional a los pedidos que formuló Gentili y se comprobó que el legislador tenía razón. Años más tarde, Weinberg dijo que era el único país del mundo donde la criticaban por haber integrado el tribunal de Ruanda.

Langhe es autora de un libro sobre escuchas telefónicas, tema por el que el PRO tuvo ya más de una causa judicial. En el libro, la magistrada detalla los límites del Estado ante la intimidad de las personas.

El cuarto firmante del fallo que desató la polémica es Luis Lozano. Es el que desplegó mayor cantidad de argumentos, incluso con citas en inglés de fallos de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. De modales franciscanos, Lozano manejó por largo tiempo los hilos del TSJ, una suerte de Ricardo Lorenzetti a nivel porteño, pero con un perfil mucho más bajo y habilidad para no quedar en el centro de la escena. Lozano estaba en el TSJ en 2016 cuando resolvió que la Policía porteña podía solicitar el DNI o demorar personas sin la intervención de un juez. Esto también fue objeto de críticas por reponer la facultad de detener por “portación de cara”.

La otra jueza que sobrevive de las primeras conformaciones del tribunal es Alicia Ruiz, que suele votar en disidencia con sus colegas, como ocurrió en el caso de las vacantes. No obstante, se trata de un tribunal que ya tiene tres de sus cinco jueces designados por el PRO.

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