PIDEN JUICIO POLITICO A ROSENKRANTZ

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Carlos Rosenkrantz. presidente de la Corte Suprema

La presentación no tiene relación y es anterior al per saltum del máximo tribunal sobre los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. Recupera la denuncia que habían hecho los organismos de derechos humanos en 2017, tras el fallo del 2×1 que benefició al represor Luis Muiña y que fue desestimado tras el rechazo en las calles.

La diputada nacional por el Frente de Todos e integrante del Consejo de la Magistratura, Vanesa Siley, presentó la semana pasada un pedido de juicio político sobre el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz. La denuncia es impulsada por el accionar del juez en causas por delitos de lesa humanidad.

El pedido fue solicitado por “mal desempeño” y “eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones”, de conformidad con lo que dispone el artículo 53 de la Constitución Nacional.

“El 25 de septiembre presenté un pedido de juicio político al presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz. Ampliando los fundamentos de los pedidos del año 2017”, compartió la dirigente a través de un hilo de Twitter.

En 2017, organismos de derechos humanos impulsaron el juicio político de Carlos Rosenkrantz a raíz de su voto en el caso “Muiña”, donde se intentó aplicar el beneficio de 2×1 a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad.

El pedido que impulsa Siley retoma aquellas denuncias y expone otros casos donde el titular del máximo tribunal de justicia utilizó los mismos argumentos que en el caso citado para beneficiar a represores. Asimismo, se notifica que no le da tratamiento a una causa ligada con Carlos Pedro Blaquier.

“Es responsable de cajonear la causa ‘Blaquier’ para evitar que la Corte confirme el procesamiento de Carlos Pedro Blaquier por delitos de lesa humanidad. Tiene esa causa en su vocalía desde que asumió. Mientras sus familiares integran la misma fundación que los Blaquier”, expresó en sus redes.

Por la misma vía, Siley señaló que “Rosenkrantz obstruye el pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales” y que “sus compromisos políticos y económicos con corporaciones y personas vinculadas a la responsabilidad civil en la última dictadura militar están frenando el tratamiento de causas”.

En sus fundamentos, para demostrar la postura del presidente de la Corte Suprema para “favorecer y asegurar la impunidad de los responsables del terrorismo de Estado”, cita su accionar en casos como “Ledesma”, “Rufino Batalla” y “Muiña”, este último generó una histórica movilización el 10 de mayo de 2017, cuando miles de argentinos y argentinas salieron a reclamar “no al 2×1 a los genocidas” por la decisión de la Corte.

En relación al caso “Muiña”, la presentación indica que “el juez aquí denunciado formó la mayoría que en forma contraria al derecho internacional y nacional vigente declaró aplicable a este aberrante caso la ley 24.390, conocida como la ley del ‘2×1′”.

Sobre el caso “Ledesma”, que apunta a investigar el rol del Grupo Ledesma durante la dictadura cívico militar, se denuncia los vínculos entre Rosenkrentz y la familia de Carlos Pedro Blaquier, dueño durante la dictadura del ingenio Ledesma.

“Esos vínculos se extienden a Agustina Cavanagh, esposa de Rosenkrantz, quien integra la ONG ‘Cimientos’ junto a Miguel Blaquier, ex abogado de la empresa azucarera y sobrino directo del principal imputado en la causa”, reza el documento.

También se menciona el caso “Rufino Batalla” y como allí el juez utilizó los mismos argumentos que en el caso “Muiña”, donde “el ministro Rosenkrantz reafirmó en su voto en minoría que los aberrantes lineamientos del caso ‘Muiña’ seguían vigentes y eran aplicables al caso”.

“Rosenkrantz despreció y confrontó de manera inadmisible los principios fundamentales que determinan el carácter inamnistiable de estos crímenes –posición compartida por la comunidad internacional–, respecto de los cuales resulta insalvablemente nula toda forma de perdón, indulto o conmutación de penas”, expone Siley.

Además, afirma que “la decisión tomada por este ministro en los casos ‘Muiña’ y ‘Rufino Batalla’ agravia de modo intolerable e inaceptable tanto a las víctimas de los delitos de lesa humanidad, a sus familiares y a la sociedad democrática en su conjunto, desbaratando y desarticulando las difíciles y múltiples conquistas que se obtuvieron durante los últimos años en pos defortalecer la democracia argentina”.

Por último, se informa que “Rosenkrantz no convocó ni una sola vez a la Comisión Interpoderes, estructura de esencial relevancia en la búsqueda de transparencia y celeridad en los juicios de lesa humanidad”.

“Esta inacción no constituye un hito aislado, sino que forma parte del conjunto de indicios que demuestran inequívocamente que este juez tiene un particular desprecio por todas aquellas cuestiones en las que se busque proteger y reivindicar los derechos humanos”, concluye la denuncia.

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