FISCAL PIDIÓ REVOCAR SOBRESEIMIENTO DE CALCATERRA

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El fiscal Franco Picardi sostiene que existen pruebas de que se pagaron sobornos millonarios a funcionarios del Ministerio de Planificación antes y después la licitación para las obras del soterramiento del tren Sarmiento (que se remonta a 2006), y pidió que se revoque la falta de mérito con la que el juez Marcelo Martínez de Giorgi había beneficiado al empresario Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, de la empresa Iecsa, y a otro grupo de empresarios vinculados con la unión transitoria de empresas (UTE) que fueron beneficiarias con aquella contratación, Odebrecht, Comsa y Ghella, así como al supuesto intermediario Jorge “Corcho” Rodríguez. El juez decía que se habían probado delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y algunas dádivas pero no así las coimas.

El escrito de Picardi, que pide que la Cámara Federal revea la decisión del juez, dice que hubo dos tramos probados de sobornos. Señala un momento previo a la adjudicación de la obra, donde se determinó, que las firmas Iecsa y Comsa pagaron por lo menos un millón de pesos al ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y que lo hicieron a través de contratos ficticios con una firma fantasma, llamada CAESA SA, de Manuel Vázquez, testaferro del ex funcionario. Vázquez es el ex asesor que este año se presentó en esta causa pidiendo declarar como arrepentido. Lo hizo, relató que se pagaron 20 millones de dólares, involucró a Iecsa (que además era socia de Odebrecht en esta unión de empresas), habló de entregas en bolsos. Luego tuvo una intervención quirúrgica del corazón y no pudo acudir a otra audiencia para su posible homologación. Pero el juez Martínez de Giorgi resolvió antes las faltas de mérito.

En una segunda etapa, sostiene Picardi, cuando la obra ya estaba adjudicada, las modalidades de pago se complejizaron y se pudo constatar la utilización de empresas offshore para la triangulación del dinero y se cotejó la fuga de 5 millones de dólares al Principado de Andorra, a la Banca Privada de ese país, que es un Paraíso Fiscal. En la operatoria habría intervenido Santiago Altieri, de Iecsa. En este caso, recuerda la apelación, también se utilizó un contrato ficticio entre las cuatro empresas de la UTE y la española DSC, que fue utilizada por Odebrecht para el pago de sobornos. Hay declaraciones incorporadas a la causa que lo acreditarían.

Según Picardi esta situación fue advertida por la AFIP. Cuando se reconstruyó el recorrido del dinero, se estableció que el destino fue una financiera en Uruguay, donde se habría  retirado en efectivo.  En ese país es donde se detectó la firma Sabrimol Trading, atribuida a Jorge “Corcho” Rodríguez, que habría operado según la investigación en la recepción de sobornos de Odebrecht al menos. Rodríguez es considerado por la fiscalía el intermediario para pagos ilegales con los ex funcionarios José López, ex  secretario de Obras Públicas, y Roberto Baratta. Por eso Picardi pide procesamientos por cohecho y negociaciones incompatibles para ellos,   Jaime y su sucesor Juan Pablo Schiavi.

En su momento, al dictar la resolución que alivió principalmente a los empresarios, Martínez de Giorgi decidió hacer a un lado el criterio que utilizó cuando los llamó a indagatoria, por el cual había valorado las delaciones de arrepentidos que declararon en la causa Lava Jato en Brasil vinculando a los argentinos, como el caso de Luiz Mameri, ex vicepresidente de Odebrecht para América Latina.

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