ESPIONAJE DEL GOBIERNO A JUECES, GOBERNADORES Y LEGISLADORES

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Un informe de la Dirección de Migraciones detectó accesos irregulares a su base de datos para conocer entradas y salidas del país de 28 jueces y 4 fiscales. Los accesos se realizaron desde distintos organismos públicos con conexión directa con la Casa Rosada.

Un nuevo informe de la Dirección Nacional de Migraciones entregado al juez Rodolfo Canicoba Corral confirmó ingresos sospechosos a su base de datos para conocer las entradas y salidas del país de 28 jueces y 4 fiscales de distintas provincias. Con estos nuevos datos, ya son 50 los magistrados y magistradas que habrían sido víctimas de espionaje ilegal, además de 5 gobernadores y 3 legisladores. Entre los nuevos nombres detectados figuran el camarista del fuero contencioso administrativo y miembro del tribunal de Disciplina de la AFA Sergio Fernández, hermano del operador judicial y miembro de la AGN Javier Fernández; también aparecen el camarista de La Plata Roberto Lemos Arias y el juez de Mar del Plata Santiago Inchausti, entre otros.

El nuevo listado surgió de un pedido de informes del juzgado para que Migraciones diera cuenta de las consultas hechas a su sistema informático sobre viajes de jueces de todo el país. En esta ocasión, según pudo saber PáginaI12 por allegados a la causa, se repitió el patrón de la búsqueda irregular de esos datos que ya se había detectado con la lista inicial de 22 jueces espiados, entre ellos los supremos Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, así como varios de Comodoro Py: los ingresos para saber a dónde y cuándo viajaron esas personas surgen de distintos organismos públicos, como Policía Federal o de la Ciudad, Prefectura, Gendarmería, la AFIP, la Unidad de Información Financiera (UIF), el Ministerio de Seguridad y hasta el propio Poder Judicial. En la mayoría de los casos no habría una investigación judicial ni administrativa que explique la recolección de esa información. En algunas pocas excepciones sí habrían existido actuaciones en trámite. La UIF, por ejemplo, dijo que investigaba al juez porteño Luis Rodríguez y que venía haciendo lo mismo con el propio Canicoba Corral. Lo que a él atañe fue derivado a la jueza María Servini.

Todavía no está claro en la causa si existe coordinación entre las diversas operaciones. Sí se advierte que en varios casos se trata de organismos en conexión con la Casa Rosada. La información que puede brindar el sistema de Migraciones son los viajes de una persona: las fechas, el tiempo, con quién viaja. Como quedó claro en la investigación sobre espionaje ilegal que tramita en Dolores, a cargo de Alejo Ramos Padilla, esa clase de información se utiliza en ocasiones para aprietes o extorsiones. Se le muestra a la posible víctima que se cuenta con información privada que, en ocasiones podría traerle problemas. Estas operaciones de espionaje en sí no son muy sofisticadas: muchos funcionarios tienen clave para entrar a la base de Migraciones y quedan registrados. Lo que pudo haber ocurrido es que se hayan utilizado claves sin consentimiento del titular.

Canicoba Corral pidió nuevos informes para establecer si se buscó otro tipo de información sobre todas estas personas a través de otros sistemas, como el Banco Central, Nosis y Veraz. Hasta ahora, además de los casos de jueces y juezas, se conocen consultas a Migraciones sobre los gobernadores Mariano Arcioni (Chubut), Domingo Peppo (Chaco), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Hugo Passalacqua (Missiones) y Alfredo Cornejo (Mendoza) y los legisladores Agustín Rossi (Frente de Todos), Alejandro Ramos (Primero Argentina) y Claudio Poggi (Compromiso Federal).

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