DE VIDO Y BARATTA, A JUICIO ORAL POR RÍO TURBIO

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El juez federal Luis Rodríguez elevó a juicio oral y público parte de la causa que investiga las acusaciones que tiene imputados al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y su principal colaborador, Roberto Baratta en la mina Río Turbio.

La decisión llega semanas antes de que se cumplan los dos años de detención de De Vido por esta investigación, en octubre próximo. Recientemente su defensa  pidió que le otorgaran el beneficio de la prisión domiciliaria en virtud de su edad y de sus problemas de salud en el marco de la causa de los cuadernos. En diciembre, el ex funcionario kirchnerista cumplirá 70 años.

Pero lo cierto es que a casi 23 meses de su detención preventiva, el juez Luis Rodriguez decidió mandar a juicio oral a De Vido, Baratta y otros ex funcionarios y empresarios procesados por la causa. Allí figuran Atanasio Pérez Osuna, intendente de Río Turbio vinculado al kirchnerismo y ex interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio;  el ex gerente de la empresa minera de Santa Cruz, Miguel Ángel Larregina; y el ex secretario de Minería Jorge Mayoral.

Rodríguez firmó esa resolución luego de un fallo del viernes de la Cámara Federal en donde se rechazaron una serie de nulidades solicitadas por la defensa de De Vido y Baratta en donde se cuestionaba el rol de las querellas de la Unidad de Investigaciones Financieras y la Oficina Anticorrupción, y la persecución penal contra el ex ministro de Planificación y la multiplicación de causas en su contra.

La causa de Rodríguez nació en 2016 para investigar el desvío de fondos destinados a realizar obras en la mina de carbón de Río Turbio por al menos 264 millones de pesos. Sin embargo, el monto de la estafa podría ser mucho mayor: entre 2005 y 2015 salieron de las arcas públicas 26.000 millones de pesos destinados al complejo Río Turbio (un proyecto de una central eléctrica, una mina de carbón y el tren Eva Perón), pero el tren no funciona y la mina, que debía reactivarse y alimentar la central, produjo solo 48.000 toneladas anuales.

El 4 de julio de 2017, Stornelli sacudió el tablero político al pedir el desafuero y la detención de Julio De Vido, junto a otras personas, acusándolos de haber firmado cientos de convenios con la Universidad Tecnológica Nacional en Santa Cruz para la reconversión de la mina y puesta en marcha de un ramal ferroviario. Stornelli planteó que a través de los convenios firmados con la universidad se desviaron fondos públicos que terminaron en los bolsillos de distintas personas y no en el proyecto que se debía financia.

Sin embargo, en ese momento, Rodríguez rechazó las detenciones. Eso generó una grieta entre el fiscal y el juez, que se resolvió en la Cámara Federal con el fallo dictó la mal llamada “doctrina Irurzun” y que establece que además del peligro de fuga y el entorpecimiento en una investigación en curso hay que valorar los vínculos con los círculos de poder a la hora de considerar prisiones preventivas.

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