CAUSA INDALO: DECLARA EX AFIP RICARDO ECHEGARAY

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Ricardo Echegaray, ex titular de la AFIP, tomará la palabra este jueves en la reanudación del juicio oral que tiene como centro el caso del grupo Indalo. Hay enorme expectativa porque Echegaray va a explicar los planes que la AFIP, bajo su conducción, le dio a Indalo y a otras muchas firmas, porque justamente el objetivo del ente recaudador fue que las empresas no entraran en crisis y no despidieran personal. Una reciente pericia, firmada por profesionales de la Corte Suprema, concluyó que el grupo encabezado por Cristóbal López y Fabián De Sousa estaba al día con el pago de cuotas, pero que a la llegada del gobierno de Macri, la AFIP anuló parte de los planes ya otorgados y provocó una situación de imposibilidad de pago. En las sesiones sucesivas del juicio hablarán, primero, Fabián De Sousa y luego Cristóbal López, ambos empresarios aún detenidos en el penal de Ezeiza.

Los jueces Fernando Machado Pelloni, Javier Ríos y Andrés Basso, del Tribunal Oral Federal 3, recibieron antes de la feria judicial la pericia realizada por la Corte y firmada también por los peritos de cada una de las partes. Ya resultaba de por sí inaudito que se empiece un juicio sin que estuviera la pericia que indicara cuáles fueron las irregularidades y cuál el monto del supuesto delito, en este caso la defraudación al estado.

El punto clave del estudio es que ratifica que Indalo no tenía deuda exigible, es decir que venía cumpliendo con el pago de las cuotas de los planes. El grupo tenía dos tipos de planes de pago. Los planes generales, que se otorgaban en la página web, fueron adjudicados a unos 500.000 contribuyentes. No es verdad que Indalo no había pagado nada del impuesto al combustible: la pericia dice que abonó 7.100 millones de pesos a lo largo de cuatro años y debía cuotas por los siguientes cinco años por un total de 5.500 millones.

Pero, además, Indalo obtuvo planes especiales, que requerían todo un procedimiento, con la firma final del titular, Echegaray, aunque antes firmaba toda la línea del órgano recaudador. Para que se otorgara un plan especial había que presentar balances y demostrar la situación de crisis. Aun así, esos planes se otorgaron a unas 1.100 empresas. Respecto de éstos últimos planes especiales, la pericia dice que del total de 2.200 millones de pesos otorgados, Indalo ya había pagado 1.600 millones y debía 600.

La AFIP bajo el gobierno de Macri y la conducción de Alberto Abad hizo dos cosas. Anuló los planes de pago y consideró que era dinero impago. Con esa medida, también volteó los planes generales. Es decir colocó a la empresa en convocatoria de acreedores y luego en situación de quiebra. Es como si una persona compra un departamento en cuotas, le anulan el plan de cuotas que estaba pagando correctamente y lo mandan a la quiebra. A esto hay que agregar que Abad anuló los planes por una resolución adoptada por él mismo, sin ningún tipo de intervención judicial, y recién en 2018.

La Afip argumentó que los planes fueron un fraude para comprar otras empresas y ese es el punto sobre el cual hablará Echegaray en el juicio. En la estructura de la Afip hubo un fuerte escándalo porque si los planes fueron un fraude también participaron directores y funcionarios del organismo recaudador, a tal punto que hay 18 procesados. Todos alegan que ellos le pusieron la firma a planes que existieron, eran legales, y que siguen existiendo en la mayoría de los casos.

Más allá de la cuestión judicial en sí mismo, la AFIP jugó un papel fundamental para ahogar a Indalo y rematar la petrolera Oil, muy deseada por los amigos del gobierno. Tenía, entre otras cosas, una refinería, estaciones de servicio y existencia de combustible. Hubo una oferta de más de 300 millones de dólares, pero todo fue rematado por 84 millones y gran parte terminó en manos de YPF–Dapsa. O sea despojaron al grupo de la petrolera. El otro objetivo fueron los medios de comunicación –entre ellos el canal de noticias con mayor rating, C5N– que sobrevivieron por el enorme esfuerzo de sus trabajadores y directivos, que debieron soportar grandes dificultades, reducción de personal y pago del sueldo en cuotas. En el camino, varios allegados a la Casa Rosada quisieron quedarse con las radios y C5N.

Más grave todavía fue que López y De Sousa llevan más de un año presos, prácticamente por orden de Mauricio Macri. La Cámara Federal había ordenado la libertad pero el presidente presionó públicamente con una frase asombrosa: “esto no es lo acordado”, dijo. Los dos camaristas fueron apartados y López y De Sousa terminaron otra vez en prisión, por un delito –fraude contra el estado– que es claramente excarcelable.

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