BÁEZ LLEGA A LA CORTE POR ESCUCHAS ILEGALES

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El abogado del empresario detenido pidió la intervención de la Corte Suprema ante la difusión de escuchas ilegales. Resaltó que están editadas y los medios desfiguran su contenido para incorporarlas a causas judiciales.
El detenido empresario Lázaro Báez, a través de su abogado, Víctor Hortel, pidió la intervención de la Corte Suprema de Justicia a raíz de la violación de su intimidad a través de las escuchas que le hicieron en el teléfono público de la cárcel de Ezeiza. Báez denuncia la ilegalidad de la escucha pero sus allegados sostienen, además, que hubo un corte y edición en lo que se difundió durante el último fin de semana. El santacruceño ratificó que así como no existió el diálogo con otra de sus defensoras, Elizabeth Gasaro, tampoco existe la versión actual. Su entorno contó que “muchísimas veces lee por teléfono versículos de la Biblia y es obvio que se refiere a Dios, no a Néstor Kirchner. Todo es vergonzoso”. La ofensiva con la escucha tiene la marca de la Casa Rosada ya que de forma inaudita fue la Unidad de Información Financiera (UIF) la que pidió su validación legal. Además, la grabación fue realizada y estuvo en manos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la ex SIDE. Tanto la UIF como la AFI dependen del Poder Ejecutivo. Por su parte, el juez Sebastián Casanello delegó en el fiscal Guillermo Marijuan las averiguaciones sobre la escucha y luego el propio magistrado decidirá respecto de su utilización en la causa judicial sobre lavado de dinero.
Báez estuvo ayer en la tercera audiencia en la que se leyó la acusación de la causa por las obras viales en Santa Cruz. Durante la mañana, combinó con su abogado, Hortel, la presentación ante la Corte Suprema para pedir una especie de per saltum a raíz de la violación de sus garantías constitucionales más elementales. Es que el gobierno nacional, a través de la UIF, trata de usar escuchas absolutamente personales, entre el empresario y su abogada y entre el empresario y una amiga, captadas en el teléfono público de la cárcel. La existencia misma de las escuchas es ilegal ya que no tienen relación alguna con la causa que las originaron y en la que se investiga al llamado rey de le efedrina, Mario Segovia. “Ordenar una escucha a un teléfono público es de dudosa legalidad –le explicó un camarista a este diario–. Viola la intimidad de los detenidos. Pero si, por urgencia o necesidad, un juez considera que no tiene otro camino, debe destruir inmediatamente las escuchas que no corresponden a la persona investigada”. En la Corte Suprema estuvieron hablando de la cuestión de las escuchas durante el acuerdo del martes pasado. Hubo una primera charla y habrá que ver si toman alguna decisión a raíz de la presentación de Hortel.
Lo cierto es que el máximo tribunal tiene responsabilidad en lo que está ocurriendo porque el organismo desde el cual se hacen las escuchas, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), aunque es autárquico, es parte de la estructura de la Corte.

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