A LA CAZA DE ALGUNA ESCUCHA

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La Unidad de Información Financiera (UIF) le solicitó al juez federal Sebastián Casanello que le pida al juzgado de Lomas de Zamora las supuestas escuchas a Lázaro Báez y su abogada Elisabeth Gasaro. Lo hizo a pesar de saber que si esos audios existen, serían ilegales por tratarse de una conversación entre un imputado y su defensora, por lo que violarían el derecho a la defensa y no podrían ser utilizados como prueba en un expediente. El objetivo del organismo a cargo de Mariano Federici, según dice sin rodeos el escrito presentado este jueves en Comodoro Py, es que se dicte el procesamiento de Cristina Fernández Kirchner.
La entidad, que depende del Poder Ejecutivo, es querellante en la causa que instruye Casanello en la denominada “ruta del dinero K”, encabeza esta nueva embestida contra la precandidata a la vicepresidencia basándose en una emisión del programa televisivo de Luis Majul y de la señal de noticias TN y en una nota del diario Clarín. En concreto le reclama al magistrado que le pida al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 de Lomas de Zamora que le remita copia de todos los diálogos atribuidos a Lázaro Báez, quien está siendo enjuiciado por presunto lavado de dinero. Es porque el juez de esa jurisdicción, Federico Villena es quien había ordenado pinchar los teléfonos del penal de Ezeiza, en el marco de una investigación sobre narcotráfico. El objetivo de las escuchas era determinar si el conocido como “Rey de la Efedrina”, Mario Segovia –detenido allí– seguía manejando la venta de drogas desde la cárcel. Sin embargo, bajo ese paraguas legal fueron escuchados ex funcionarios y empresarios alojados en otros pabellones. Luego Villena ordenó destruir los audios como lo indica la ley ya que el contenido no aportaba al objeto de la investigación. Sin embargo las cintas no fueron destruidas por la AFI como debía suceder y alguien las filtró. Ese material fue usado por las Diputadas Elisa Carrió y Paula Olivetto y por el fiscal rebelde Carlos Stornelli para iniciar su denuncia por el supuesto complot K para voltear la causa de las fotocopias de los cuadernos. Según dijo Stornelli en su presentación judicial de entonces, la información le llegó de manera anónima por debajo de la puerta de su despacho. Ahora, un día después de la emisión de los programas televisivos, utilizó la presunta nueva revelación mediática sobre los dichos de Báez para ampliar su denuncia –que investiga el juez Claudio Bonadio– y con esa excusa volver a ausentarse al quinto llamado a indagatoria de Alejo Ramos Padilla, en la causa por espionaje ilegal.
Ahora la UIF siguió los pasos de Stornelli y usó ese mismo material para intentar revertir la falta de mérito para CFK dictada por Casanello en la primera etapa de la instrucción de “la ruta del dinero K”. En el texto la entidad justifica su pedido “habiendo tomado conocimiento por medios periodísticos de la presunta existencia de una escucha en la cual Lázaro Báez indicaría no ser el verdadero titular de sus bienes”. En concreto reclama que se usen escuchas ilegales para procesar a la ex presidenta porque interpreta que los supuestos dichos de Báez –negados por él y por su abogada Gasaro y cuyos audios no fueron mostrados por los medios periodísticos mencionados– revelarían que la plata del empresario pertenece a Cristina Fernández. Lo que dicen que Báez habría expresado en aquella supuesta conversación es que “todo lo que tuve es de una sola persona que está arriba y me lo dio para que lo administre y no lo supe administrar quizás de la forma adecuada que él quiso que lo administrara”. Lo curioso es que la UIF no solo pide que se use una escucha que de existir sería ilegal, sino que además interpreta que esos dichos son suficiente material probatorio para procesar a Cristina. La UIF le exige al juez Casanello “que se dicte el procesamiento de la imputada por ser –en definitiva– la titular de los bienes a los que Lázaro Báez intentaba dar apariencia de licitud”. Sin embargo, nada de esto se desprende lo que dicen que Báez habría dicho.

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